El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido. ir a la nota de Pagina 12
